Por Julio Politano, periodista de automovilismo.

Mi breve, pero intensa carrera como periodista, integrando el staff del prestigioso portal informativo Agencia NOVA —ternado por APTRA al Martín Fierro Digital en la categoría “Sitios de Información General”— me permitió llevar adelante una investigación profunda que sacó a la luz presuntas negligencias graves por parte del Estado Municipal de La Plata y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Estas irregularidades estarían vinculadas con las autorizaciones otorgadas para la realización de competencias automovilísticas en un predio ubicado en el kilómetro 49.500 de la Ruta Nacional 2, conocido públicamente como “Autódromo Roberto Mouras”. Cabe destacar que este nombre sería meramente simbólico, ya que no existiría como tal en términos legales. Las actividades allí desarrolladas están organizadas por el Automóvil Club La Plata S.A. y fiscalizadas por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), según se informa oficialmente.

Para quienes desconocen los pormenores de esta problemática, es importante señalar que diversos medios de comunicación y fuentes del ambiente automovilístico apuntan al presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, como el verdadero propietario del predio. Sin embargo, no existiría documentación oficial que lo respalde. Además, se lo señala como posible ideólogo y principal beneficiario de maniobras que, de ser confirmadas por la Justicia, estarían desarrollándose al margen de la ley, presuntamente con la complicidad de funcionarios públicos. Todos ellos fueron identificados en las distintas presentaciones y denuncias que realicé ante los organismos correspondientes.

Las pruebas reunidas durante meses de trabajo revelarían numerosas violaciones a la normativa vigente a nivel municipal y provincial. Esta información se encuentra respaldada por documentación oficial emitida por los propios entes involucrados, así como por material fotográfico y audiovisual incorporado a las denuncias y solicitudes presentadas.

En este contexto, no puedo dejar de expresar mi rechazo y condena hacia la actitud asumida por la mayoría de mis colegas —aunque algunos me consideren un principiante— por no visibilizar lo que sería no solo una evidente violación a la ley, sino también un claro atropello a los derechos de los ciudadanos.