La investigación por la red de facturación apócrifa que tiene como principal acusada a la contadora Natalia Foresio ya habría dejado de ser un expediente puramente judicial para transformarse en un verdadero sismo político en La Plata. Con el correr de los días, y a medida que avanzan las actuaciones, seguirían apareciendo nombres conocidos, vínculos con el poder local y relaciones cruzadas entre empresarios, exfuncionarios y espacios estratégicos vinculados al universo PRO.

Uno de los escenarios donde confluirían varias de estas piezas es el tradicional Club de Rugby San Luis, ubicado en la zona de La Loma, que históricamente habría contado con la participación activa del exintendente Julio Garro, tanto como jugador en su juventud como en su rol político. Sin embargo, en los últimos días esa relación deportiva habría quedado en segundo plano: el club aparecería mencionado como punto de encuentro habitual de empresarios que ahora estarían salpicados por la causa judicial.

Empresarios, sponsors y vínculos bajo la lupa

Entre los nombres que habrían trascendido en la investigación figura Jorge Gibert, titular del Estudio Gibert, una firma local dedicada al desarrollo inmobiliario. Gibert no solo habría sido un habitual visitante de los despachos municipales durante el gobierno de Garro, sino que también formaría parte de la comisión directiva del Club San Luis y sería sponsor activo, con presencia en cartelería y redes sociales del club.

Otro actor clave sería el Grupo Pose, compuesto por empresas como Pose S.A., Construyo al Costo, Bricsa y Sygsa. Según su web institucional, este holding empresarial argentino contaría con más de 1.500 empleados y una facturación anual de $15.000 millones. Durante la gestión del PRO en La Plata, habría sido beneficiado con contratos de obra pública y habría experimentado un marcado crecimiento en el rubro inmobiliario. También habría sido sponsor del Club San Luis y actualmente tendría entre su personal a exfuncionarios de la gestión Garro, como José “Pepe” Etchart Mandón, exsecretario de Espacios Públicos.

La firma Sygsa, parte del mismo grupo, habría sido señalada en círculos políticos como una de las elegidas por algunos exfuncionarios para invertir en “departamentos de pozo”. Las sospechas apuntarían a que estas operaciones podrían haber estado mediadas por maniobras de facturación irregular o triangulaciones para blanquear ingresos.

Vonharv, catering VIP y desarrollos inmobiliarios

Otro de los espacios mencionados en la causa sería el salón de eventos Vonharv, donde se habrían realizado numerosos actos del PRO y, más recientemente, de La Libertad Avanza. El lugar, que ya habría generado sospechas por su infraestructura desproporcionada para la ciudad, habría contado durante cinco años con el servicio de catering a cargo del empresario Carlos Cosoli.

Cosoli, también vinculado al Club San Luis, es titular de la desarrolladora inmobiliaria Los Cardales, que habría experimentado un crecimiento significativo durante los dos mandatos de Garro, y habría recibido múltiples autorizaciones municipales para urbanizaciones en zonas rurales. Su nombre también aparecería en conversaciones privadas como uno de los empresarios “seducidos” para invertir parte de su capital líquido en proyectos inmobiliarios con respaldo político.

Una red bajo investigación

Aunque por el momento ni Gibert, ni Cosoli, ni los empresarios del Grupo Pose habrían sido formalmente imputados, fuentes judiciales habrían confirmado que la línea investigativa avanza sobre el entramado de relaciones entre estas firmas, exfuncionarios municipales y las maniobras contables detectadas en los registros de la contadora Foresio.

El Club San Luis, lejos de ser solo una institución deportiva, aparecería como un espacio de convergencia entre actores políticos y económicos que habrían tenido protagonismo durante los años de gestión de Juntos por el Cambio en la ciudad. La Justicia ahora buscaría determinar si esos vínculos también habrían servido como plataforma para un posible esquema de evasión fiscal, blanqueo de fondos y beneficios cruzados entre el sector público y privado.