Sábado 16 de agosto de 2025
El escándalo por el fentanilo contaminado que sacudió el inicio de la campaña bonaerense ahora genera una fuerte interna en el Congreso. Aunque La Libertad Avanza y el PRO sellaron recientemente una alianza electoral, las diferencias emergieron con fuerza en torno a una posible investigación legislativa que podría comprometer a funcionarios clave del Gobierno.
La tensión creció en la Cámara de Diputados luego de que la legisladora del PRO Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich, propusiera la creación de una comisión investigadora sobre la distribución y consumo de fentanilo, tras la muerte de pacientes por ampollas contaminadas en Buenos Aires y Santa Fe. Si bien todos los bloques aprobaron un pedido de informes al Ejecutivo, la iniciativa de Giudici no cayó bien entre los libertarios.
Desde el oficialismo, el temor es concreto: una comisión parlamentaria podría dejar mal parado al ministro de Salud, Mario Lugones, y hasta obligar a dar explicaciones a la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En La Libertad Avanza creen que una investigación de ese calibre podría generar más costos que beneficios para el Gobierno.
La narrativa oficialista apunta directamente al gobernador Axel Kicillof, argumentando que los laboratorios involucrados —HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A.— son proveedores habituales del Estado bonaerense. Un dato que generó polémica es que el juez federal que investiga el caso, Ernesto Kreplak, es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
A esto se suma una denuncia presentada por Bullrich ante el juez Sebastián Casanello, en la que se investigan presuntos vínculos de los laboratorios con el narcotráfico. La hipótesis apunta al desvío de residuos de medicamentos hacia Paraguay para la fabricación de sustancias ilegales.
En este contexto, Silvana Giudici presentó un proyecto para crear una comisión investigadora que analice la trazabilidad del fentanilo en centros de salud y laboratorios, además de deslindar responsabilidades de los organismos de control como ANMAT.
El proyecto fue girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por Silvia Lospennato (PRO), y a Presupuesto y Hacienda, conducida por José Luis Espert (LLA). Sin embargo, el texto fue retirado de esta última por orden del secretario parlamentario, Adrián Pagán, lo que generó suspicacias.
En la última sesión, Giudici solicitó emplazar a la comisión cuando ya no había quórum, en una jugada parlamentaria que dejó más dudas que certezas. “De mínima, la tenemos que acusar de apurarse”, deslizó una fuente oficialista. En LLA creen que la diputada actuó sin consultar, y no descartan que su objetivo sea marcar territorio dentro del acuerdo con el PRO.
Este miércoles, Giudici firmó un pedido de informes al Poder Ejecutivo junto a Unión por la Patria, elaborado por el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. El texto incluye 26 preguntas dirigidas al Ministerio de Salud y a ANMAT, exigiendo explicaciones sobre los tiempos de actuación ante una alerta emitida en noviembre, pero que se tradujo en una inhibición recién en febrero, luego de que el lote presuntamente contaminado ya había sido distribuido.
Por su parte, el diputado de UP Jorge Araujo presentó otro proyecto para crear una comisión investigadora bajo la órbita de Yedlin. En ambos casos, el foco está puesto en el rol del Estado nacional en la cadena de control del fentanilo.
En La Libertad Avanza hay acuerdo en avanzar con el pedido de informes, pero buscan dilatar la creación de una comisión investigadora que podría forzar a declarar a Bullrich, Lugones, y hasta a funcionarios de ANMAT, la Aduana, la Dirección de Drogas Peligrosas y la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad).
El temor libertario no solo está en la posible afectación de figuras del Gobierno, sino también en la exposición de gobernadores aliados, ya que los laboratorios implicados tienen contratos con varias provincias.
En Unión por la Patria aseguran que la responsabilidad es nacional. “Si ANMAT hubiera prohibido el lote a tiempo, ningún hospital lo habría adquirido”, sostienen. Y agregan que los centros de salud no tienen capacidad para auditar lo que sí debería controlar el Estado.
Durante la última reunión de la Comisión de Salud, la diputada Victoria Tolosa Paz fue más allá en la defensa de Kicillof. Recordó que el ingreso de fentanilo al país pasa por la Aduana y por la Dirección de Drogas Peligrosas, ambas bajo el control del Ministerio de Seguridad.
Además, reclamó explicaciones a PROCUNAR, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, dejando claro que si se activa una comisión investigadora, varios funcionarios nacionales podrían ser citados a declarar.
Mientras el Congreso define si avanza o no con una comisión investigadora, el escándalo por el fentanilo contaminado ya expone las primeras grietas dentro de la flamante alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.
Con Bullrich y Kicillof como actores clave, y Giudici como catalizadora del conflicto, el debate por el fentanilo no solo pone en la mira al sistema de control sanitario: también revela las fricciones internas que atraviesan a la coalición gobernante.
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