La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, solicitó a la Justicia Federal que se allanen los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, luego de que ambos difundieran audios privados atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

La presentación fue realizada por el abogado Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad, quien actuó “por indicación expresa” de Bullrich. En el escrito, se argumenta que la publicación de las grabaciones reviste una "gravedad inusitada", dado que se trataría de “audios privados”, “jurídicamente inocuos” y “carentes de toda relevancia penal”.

En paralelo, el juez federal Patricio Maraniello dictó un fallo que prohíbe expresamente la difusión de los audios a través de cualquier medio de comunicación —sea escrito, audiovisual o digital— así como en redes sociales. La medida se tomó tras una denuncia del Gobierno nacional que calificó la filtración como parte de una “operación de inteligencia ilegal”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que se trató de un ataque planificado contra el Ejecutivo: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, afirmó.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo, y será investigada por la Fiscalía N° 4, a cargo de Carlos Stornelli. Se encuadra como una posible violación de la Ley 22.520 de Inteligencia Nacional.