El exintendente de La Plata, Julio Garro, enfrenta un expediente que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción municipal de los últimos años. La investigación judicial, encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, apunta a loteos ilegales, sobreprecios en convenios urbanos y un entramado de funcionarios y empresarios que habrían montado un negocio millonario durante los dos mandatos del exjefe comunal.

La causa ya derivó en allanamientos en la casa de Garro, ubicada en el country Grand Bell, además de oficinas de constructoras y domicilios de exfuncionarios. Los investigadores secuestraron computadoras, contratos y expedientes, hoy bajo peritaje y cruce con registros notariales. Los delitos imputados son graves: asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta.

Según fuentes judiciales, se investiga cómo se habilitaron barrios privados en zonas prohibidas, sin la convalidación provincial y bajo un sistema paralelo de favores, retornos y contrataciones direccionadas. Los desarrolladores, de acuerdo con la pesquisa, eran presionados para contratar empresas vinculadas a funcionarios o entregar parte de las tierras.

Entre los señalados figuran exfuncionarios como Marcelo Genoro y Nahuel Paradela, y empresarios como Ariel Bordigoni, Cecilia Mayocchi, Leandro Arrechea y Facundo Dadin. Uno de los episodios más escandalosos es el del barrio La Cañada, en City Bell, donde el costo de una rotonda pactada en un convenio urbanístico pasó de 39 a 64 millones de pesos en pocas semanas, sin justificación técnica.

El fiscal Condomi Alcorta ordenó además notificar a varios desarrolladores inmobiliarios para que presenten planos, facturas, pagos de plusvalías y boletos de compraventa. La hipótesis central es que existía un esquema aceitado que garantizaba ganancias millonarias para un círculo de poder político y económico durante la gestión de Garro.

El Club San Luis, un punto de contacto que genera suspicacias

Un dato que no pasa desapercibido en los pasillos judiciales es que el fiscal Condomi Alcorta es socio activo del club de rugby San Luis, la misma institución en la que participa el exintendente Garro. Ese vínculo genera ruido y pone en duda la imparcialidad del proceso, al tiempo que expone la trama de relaciones entre poder político, negocios y redes sociales que marcaron la vida pública platense en los últimos años.

Mientras tanto, desde el entorno del exintendente hablan de “persecución política”, aunque la gestión actual de Julio Alak ya suspendió más de 400 proyectos de barrios cerrados con irregularidades detectadas. El secretario de Planeamiento, Sergio Resa, declaró ante la Justicia y confirmó que “los expedientes no cierran por ningún lado”.

El futuro judicial de Garro se complica: se preparan nuevas citaciones e indagatorias, y no se descarta que el propio exintendente deba declarar en los próximos días.

La causa, que sacude los cimientos del poder local, deja al descubierto cómo La Plata se transformó en un paraíso de negocios inmobiliarios a costa de la legalidad, el municipio y los vecinos.