El debate por las denuncias falsas dejó de ser un tema secundario dentro del ámbito judicial para instalarse con fuerza en la discusión pública. En medio del crecimiento de causas vinculadas a violencia de género y delitos sexuales, comenzaron a tomar relevancia distintos casos en los que acusaciones iniciales terminaron cayéndose con el avance de las investigaciones.

Según la primicia de Diario Gran La Plata, uno de los episodios que encendió las alarmas se investiga en Rosario, donde tres psicólogas vinculadas a una ONG con sede en La Plata están bajo la lupa por la presunta elaboración de informes repetidos y diagnósticos similares que habrían sostenido denuncias de abuso infantil luego descartadas por la Justicia.

Actualmente, la legislación argentina contempla la falsa denuncia en el artículo 245 del Código Penal, con penas que van de dos meses a un año de prisión o multas económicas. Sin embargo, distintos sectores coinciden en que estas sanciones quedaron desactualizadas frente al impacto real que este tipo de acusaciones puede generar en la vida de las personas.

En ese marco, también comenzaron a surgir iniciativas legislativas para endurecer las penas. El abogado platense Marcelo Peña fue uno de los primeros en impulsar un proyecto de ley para que la falsa denuncia pase a ser un delito detenible. Su propuesta avanza actualmente en el Senado en conjunto con la iniciativa presentada por la senadora Carolina Losada.

En muchos casos, las consecuencias aparecen incluso antes de que se determine la falsedad de la denuncia: detenciones preventivas, pérdida de empleo, exclusión del hogar y un fuerte daño a la reputación. A esto se suma la dificultad judicial de probar la intención de mentir, lo que complica avanzar en condenas firmes.

Si bien las estadísticas oficiales indican que las denuncias falsas representan un porcentaje bajo —menos del 3% en Argentina—, el impacto social de cada caso alimenta la percepción de un fenómeno en crecimiento, especialmente en contextos de conflictos familiares o disputas por la tenencia de hijos.

En este escenario, algunos fallos recientes comenzaron a marcar un cambio de tendencia. Casos como el de Fiorella Belén Damiani, condenada en 2026 por falso testimonio agravado, o el de Ramón Guido Silva, en La Rioja, donde se determinó que la acusación en su contra era falsa, reflejan una mayor atención judicial sobre estas situaciones.

El punto de mayor cambio, sin embargo, está en la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno de Javier Milei, con un rol central del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. El proyecto busca modernizar una normativa vigente desde 1921 y endurecer las penas para distintos delitos.

Dentro de esta iniciativa, la falsa denuncia deja de ser considerada una falta menor y pasa a encuadrarse como un ataque al sistema judicial. Los borradores más avanzados proponen elevar las penas a un rango de entre tres y seis años de prisión, con agravantes que podrían llevarlas aún más alto.

En los casos más graves —como denuncias vinculadas a delitos sexuales o que involucren a menores— las penas podrían escalar hasta los 10 años de cárcel. También se contemplan sanciones adicionales, como la inhabilitación para profesionales que participen en la construcción de acusaciones falsas.

El endurecimiento de las penas genera, no obstante, un fuerte debate. Mientras algunos sectores sostienen que es necesario para evitar abusos y proteger a inocentes, organizaciones de derechos humanos advierten que podría desalentar denuncias reales, especialmente en casos difíciles de probar.

Así, la Argentina se encamina hacia una redefinición de su política penal, en un delicado equilibrio entre garantizar justicia para las víctimas y evitar el uso indebido de denuncias que pueden tener consecuencias irreparables.