La decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el acceso a periodistas acreditados en la Casa Rosada escaló a la Justicia. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidemente y funcionarios por lo que considera un acto directo de censura y un avance contra la libertad de expresión.

La presentación también alcanza a Javier Lanari y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez. Según el texto judicial, la prohibición genera un “daño continuado e irreversible” al sistema republicano, al derecho a la información pública y al ejercicio profesional del periodismo.

Pagano advirtió que la Casa Rosada “no es propiedad privada” y cuestionó que el Ejecutivo decida discrecionalmente quién puede ingresar.

Además, señaló que la medida fue aplicada sin acto administrativo, sin notificación ni fundamentos formales, lo que la vuelve arbitraria. “No nos van a callar”, escribió al difundir la denuncia.

El Gobierno justificó el cierre en un supuesto caso de espionaje ilegal vinculado a imágenes difundidas en televisión. Como respuesta, resolvió suspender las acreditaciones vigentes y avanzar con un reempadronamiento, dejando sin acceso a toda la prensa hasta nuevo aviso.

La denuncia subraya que la sala de periodistas funcionó de manera ininterrumpida desde 1983, incluso durante gobiernos de facto, y que la decisión del 23 de abril de 2026 rompe esa continuidad.

También advierte posibles delitos como abuso de autoridad e impedimento del ejercicio de un derecho.