Policiales y Judiciales
Polémica en los tribunales

Caso Generación Zoe: Cositorto apela su procesamiento y denuncia el robo de 611 bitcoins por 70 millones de dólares

El equipo legal de Leonardo Nelson Cositorto, acusado de estafa, denuncia un “incumplimiento forzado” por bloqueo judicial.
El equipo legal de Leonardo Nelson Cositorto, acusado de estafa, denuncia un “incumplimiento forzado” por bloqueo judicial.

En el marco de la audiencia fijada por el Artículo 454 del CPPN, la defensa técnica de Leonardo Nelson Cositorto, a cargo de los doctores Aixa Petriati y Martín Roberto Bagala presentarán ante la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal los fundamentos del recurso de apelación contra el procesamiento que pesa sobre el líder de la organización.

La defensa sostiene que la imputación por Asociación Ilícita y Estafas Reiteradas carece de sustento típico y que el colapso financiero de la firma fue producto de una intervención judicial y administrativa que impidió el cumplimiento de los contratos.

Puntos centrales de la apelación:

-Atipicidad de la Asociación Ilícita: la defensa argumenta que no existió una organización destinada a cometer delitos, sino una estructura empresarial lícita con más de 37 rubros comerciales operativos (educación, gastronomía, minería y real estate). Se citará el fallo "Stancanelli" (CSJN) para demostrar que la supuesta multiplicidad de delitos no configura por sí sola la figura de asociación ilícita, dada la ausencia de planes delictivos independientes de la actividad comercial.

-Teoría del "Incumplimiento Forzado": se presentarán pruebas de que Zoe cumplió con sus obligaciones de pago durante 31 meses consecutivos, abonando retornos del 7,5 por ciento. El cese de pagos no obedeció a un ardid estafatorio inicial, sino al bloqueo de cuentas bancarias y a la "corrida" generada por alertas administrativas y mediáticas que hicieron colapsar la estructura de liquidez.

Existencia de Contraprestación: a diferencia de lo sostenido en la instrucción, la defensa recalca que la oferta educativa fue real y material: 33 cursos de coaching y liderazgo estaban disponibles y operativos en la plataforma virtual, con miles de alumnos que efectivamente recibieron el servicio contratado.

Falta de Dolo: la defensa sostiene que Cositorto no tuvo intención de perjudicar a los ahorristas, sino que buscó reinvertir el capital en negocios productivos y activos digitales (Bitcoin/Ethereum) para sostener el crecimiento de la comunidad, una actividad que fue criminalizada tras la intervención de la CNV.

El Robo de los 611 Bitcoins (70 millones de USD): uno de los puntos más explosivos del escrito apunta a la desaparición de activos de Generación Zoe. La defensa denunciará que, mientras Cositorto era incomunicado, terceros protegidos por fuerzas de seguridad se habrían apoderado de 611 Bitcoins (valuados en aproximadamente 70 millones de dólares) y fondos de cuentas bancarias. Se exigirá que la Justicia Federal investigue este desvío de capitales que pertenecían al holding y a sus ahorristas. 

El "Show" de Netflix vs. La Realidad Jurídica

La apelación cuestiona la instrucción de la fiscal de Villa María, Juliana Companys, acusándola de haber convertido la causa en un "set de filmación" para el documental de Netflix "El Vendedor de Ilusiones".

La defensa recalca que la funcionaria enfrenta un pedido de JURY de enjuiciamiento y que la propia Cámara de Córdoba ya declinó su competencia, admitiendo que el caso debe ser juzgado en el Fuero Federal.

Hacia la Audiencia del 19 de Mayo

La defensa solicitará la concentración jurisdiccional en el Juzgado Federal N° 12 y el cese de la fragmentación de causas que Corrientes y Salta utilizan para realizar un "shopping de condenas", al margen de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La defensa espera que la Cámara Federal revise la valoración parcial de la prueba realizada en primera instancia, donde se priorizó el relato de las víctimas sin analizar los activos reales y la estructura comercial que respaldaba a la empresa.

"No estamos ante un fraude piramidal, sino ante una crisis de liquidez provocada por el propio Estado que hoy pretende castigar el resultado de su intervención", señalaron fuentes de la defensa.

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