La causa judicial que investiga la presunta autorización irregular de barrios privados en La Plata volvió a ganar movimiento y reavivó las sospechas sobre una de las tramas urbanísticas más resonantes de los últimos años en la capital bonaerense.

El expediente, que tiene entre los investigados al exintendente Julio Garro, exfuncionarios de su gestión y empresarios vinculados al desarrollo inmobiliario, analiza una presunta estructura que habría permitido la aprobación y comercialización de emprendimientos sin las habilitaciones provinciales correspondientes, generando un perjuicio económico estimado en cifras multimillonarias.

La investigación, impulsada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y tramitada en el Juzgado de Garantías N°5 a cargo de la jueza Marcela Garmendia, sostiene que durante el período comprendido entre 2015 y 2023 se habrían viabilizado numerosos desarrollos urbanísticos en zonas donde este tipo de proyectos no estaban permitidos por la normativa vigente.

Según la hipótesis judicial, funcionarios municipales (Luis Barbier) y empresarios habrían actuado de manera coordinada para otorgar apariencia de legalidad a emprendimientos que carecían de las autorizaciones exigidas por la Provincia de Buenos Aires. Los investigadores calculan que las maniobras bajo análisis podrían haber involucrado operaciones por alrededor de 1.500 millones de dólares.

Uno de los aspectos que vuelve a generar atención es el papel de la inmobiliaria ONE Group, firma con presencia en City Bell y Punta del Este, mencionada en la investigación por su presunta vinculación con la comercialización de lotes pertenecientes a algunos de los desarrollos cuestionados.

La causa también puso bajo la lupa un supuesto esquema mediante el cual determinados desarrolladores debían contratar empresas constructoras vinculadas a funcionarios de la gestión municipal para avanzar con las obras de urbanización de los emprendimientos.

La magnitud del caso queda reflejada en uno de los datos más impactantes que surgieron de la investigación. Según las denuncias incorporadas al expediente, en La Plata existirían alrededor de 400 barrios privados y urbanizaciones que no contarían con la totalidad de las habilitaciones exigidas por la legislación bonaerense.

En contraste, apenas 16 desarrollos están oficialmente constituidos y aprobados de acuerdo con las normas provinciales vigentes. Para los investigadores, esta diferencia expone el alcance de un fenómeno urbanístico que se expandió durante años y que ahora vuelve a estar bajo análisis judicial.

Entre los imputados figuran además la exsecretaria de Planeamiento Urbano, María José Botta; el exdirector general de Obras Viales, Marcelo Genoro; el exsubsecretario de Servicios Públicos, Nahuel Paradela; y los empresarios Ariel Bordigoni, Facundo Dadin, Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea.

De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, los barrios cerrados deben contar con la correspondiente aprobación provincial para su desarrollo y funcionamiento. Sin embargo, la existencia de cientos de emprendimientos observados por la Justicia abrió interrogantes sobre los controles aplicados durante los últimos años y sobre el impacto económico que estas maniobras habrían generado tanto para el Estado como para los compradores.

Mientras la Justicia profundiza distintas líneas de investigación, el caso vuelve a instalarse en la agenda pública y promete generar nuevas repercusiones políticas y empresariales en La Plata, especialmente por el alcance de las acusaciones, la presunta participación de exfuncionarios municipales y el rol que habrían tenido distintos actores del negocio inmobiliario local.