Por Ulises Catriel Cuenca, director de La Postal de Mar del Plata

Mientras el Gobierno nacional impulsa una narrativa de desregulación, eficiencia estatal y eliminación de estructuras burocráticas enquistadas, la documentación pública, los expedientes internos, las cartas documento y los reclamos administrativos revelan otra discusión puertas adentro del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE): quiénes siguen ocupando posiciones estratégicas, cómo funcionan los circuitos administrativos y por qué la transparencia formal parece convivir con zonas grises difíciles de explicar.

El organigrama oficial muestra una estructura extensa, con decenas de áreas técnicas, jurídicas, administrativas y territoriales. Sin embargo, la información pública disponible, los pedidos administrativos y los cuestionamientos internos exponen tensiones sobre la verdadera capacidad de control político y administrativo dentro del organismo. 

El mapa del poder interno: lo que revela el organigrama

Uno de los primeros elementos para reconstruir la estructura de funcionamiento aparece en la propia documentación oficial del organismo: el organigrama público y la nómina interna de responsables de áreas.

Allí aparecen decenas de cargos distribuidos entre unidades regulatorias, jurídicas, económicas, administrativas, regionales y técnicas.

La Unidad de Gas Natural Vehicular (GNV), señalada recurrentemente por fuentes internas como un área sensible, mantiene una estructura propia donde figura María Fernanda Martínez en Auditorías, nombre mencionado por distintas voces internas como una funcionaria con continuidad a través de distintas administraciones.

También aparecen áreas estratégicas como Servicios Jurídicos, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Despacho de Gas, Economía Regulatoria y delegaciones regionales distribuidas en todo el país.

La documentación interna además muestra cambios territoriales que abren interrogantes. Por ejemplo, en la Delegación Regional Mar del Plata aparece José Antonio Rosa como responsable regional.

La existencia formal del organigrama permite identificar nombres y responsabilidades. El interrogante comienza cuando se intenta reconstruir cómo operan efectivamente esos circuitos de decisión. 

Pedidos de acceso a la información y denuncias por silencios administrativos

Una parte central de la discusión gira alrededor del acceso a la información pública. Diversa documentación aportada expone reclamos administrativos reiterados por falta de respuesta, notificaciones cuestionadas y denuncias por presuntas maniobras dilatorias.

En una carta documento enviada al organismo, la ex agente Noelia Natalia Varga denunció presunta "mala fe procesal" tras afirmar que una notificación fue enviada durante un período vacacional previamente informado al organismo. Allí intimó al ente a reenviar documentación y sostuvo que el incumplimiento implicaría consolidar el silencio administrativo.

La discusión escaló posteriormente. En nuevas presentaciones, la denunciante afirmó que el organismo habría rechazado instancias conciliatorias, denunciando hostigamiento laboral, violencia institucional y presuntas irregularidades en el acceso a expedientes y documentación vinculada a controles regulatorios.

Las actuaciones hacen referencia explícita a pedidos de información relacionados con fiscalizaciones sobre empresas privadas y plantean cuestionamientos sobre el manejo administrativo de expedientes internos. 

Boletín Oficial, resoluciones y dudas sobre publicidad de actos administrativos

Otro foco de conflicto aparece alrededor de la publicidad formal de las resoluciones regulatorias. Una presentación dirigida al interventor Marcelo Nachón cuestionó específicamente la ausencia de publicación de la Resolución ENRG 96/2026 vinculada a la nueva normativa NAG 444.

El planteo fue acompañado por referencias a consultas realizadas directamente al Boletín Oficial, donde (según surge de la documentación) se habría respondido que no existían registros disponibles al momento de la consulta.

La discusión excede una cuestión administrativa menor: la publicación oficial constituye uno de los mecanismos centrales de transparencia y publicidad de los actos estatales. Fuentes consultadas sostienen que estas situaciones alimentan cuestionamientos internos sobre la trazabilidad de decisiones regulatorias y los tiempos administrativos. 

Las conexiones empresariales y los vínculos sectoriales

La conducción política del área energética también aparece atravesada por relaciones previas dentro del sector privado. Distintas fuentes señalan la relación profesional previa entre la secretaria de Energía, María Tettamanti, y Federico Zuanich, actual CEO de Ecogas, quienes compartieron antecedentes laborales dentro del sector gasífero.

También aparece mencionada Natalia Rivero, actual CEO de Distribuidora Gas del Centro y Distribuidora Gas Cuyana, designada en 2024.

Si bien no existe evidencia documental que demuestre irregularidades derivadas de esas relaciones profesionales, dentro del organismo distintas voces internas sostienen que esos antecedentes empresariales forman parte del debate sobre influencia sectorial, circulación de cuadros técnicos y continuidad de determinadas estructuras.

 Despidos, reclamos gremiales y judicialización

Otra dimensión de la crisis interna aparece en los conflictos laborales. Diversos documentos incorporados muestran reclamos de trabajadores despedidos que alegan estabilidad sindical y denuncian despidos incompatibles con las garantías previstas en la legislación laboral.

Las presentaciones de Claudio Hurtado, Daniel Gonzales y Lucas Gómez sostienen que el organismo habría desconocido fueros gremiales y omitido procedimientos previos exigidos por ley antes de avanzar con ceses laborales. Los tres intimaron a reincorporaciones y anunciaron acciones judiciales.

Estos expedientes agregan un nuevo componente al escenario: además de las discusiones regulatorias, aparece una creciente judicialización vinculada a relaciones laborales, reorganización interna y conflictos sindicales. 

Entre la transparencia formal y la opacidad operativa

El caso ENARGAS/ENRGE deja expuesta una tensión que atraviesa buena parte del Estado argentino: publicar organigramas, estructuras y normativa puede resultar insuficiente cuando persisten cuestionamientos sobre accesibilidad, trazabilidad documental, circulación de expedientes y capacidad real de control.

Lo que sigue generando preguntas es otra cosa: cómo funcionan los circuitos reales de decisión, quién conserva influencia cuando cambian las administraciones y por qué tantos reclamos administrativos terminan transformándose en cartas documento, denuncias o amenazas de judicialización.

La documentación existe. La discusión ahora parece estar en quién controla verdaderamente la información.