Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la ciudad de Berisso, con el nombre del intendente Fabián Cagliardi en el epicentro de una denuncia que involucra a la policía, funcionarios municipales y una red inmobiliaria ilegal que estaría operando bajo su gestión. La acusación, que cobra fuerza con los testimonios de vecinos y familiares, señala un operativo de desalojo ilegal de terrenos en la playa de Palo Blanco, que fue llevado a cabo bajo la protección de efectivos policiales y maquinaria municipal.

El desalojo ilegal a Gabriel Ramallo en la playa de Palo Blanco

El 29 de octubre de 2024, un grupo de funcionarios municipales, con maquinaria pesada como topadoras y palas, acompañados de varios patrulleros, irrumpieron en el terreno de Gabriel Ramallo Serrano en la playa de Palo Blanco. Sin una orden judicial y bajo procedimientos cuestionables, destruyeron casetas y otras construcciones, apoderándose de la propiedad. El desalojo, que se realizó de forma violenta, fue presenciado por varios vecinos, quienes aseguran que la acción fue completamente ilegal.

Lo que comenzó como una denuncia por un presunto robo derivó en una trama más compleja que involucra la tenencia ilegal de armas por parte de Ramallo, quien entregó voluntariamente las mismas a las autoridades. A pesar de que la acusación de robo fue desestimada, las autoridades decidieron abrir una investigación por la posesión ilegal de armas, una maniobra que, según denuncian los vecinos, habría sido orquestada para allanar el camino para que funcionarios de Cagliardi se quedaran con los terrenos en cuestión.

Conexiones entre la policía y la municipalidad

Uno de los puntos más graves de la denuncia es la connivencia entre la policía y los funcionarios municipales. Testigos aseguran que la policía, liderada por el Comisario José Mezza y el Comisario Leonardo Gallo, actuó en complicidad con la municipalidad para realizar el desalojo de manera ilegal. Incluso, una oficial de policía que se encontraba en el lugar exclamó que lo que se estaba llevando a cabo era "ilegal", señalando la irregularidad del procedimiento.

La intervención de la policía no fue solo en la destrucción de las estructuras, sino también en la intimidación de los vecinos, quienes temían ser desalojados sin mayores explicaciones o justificaciones legales. La ausencia de una orden judicial, que debería haber autorizado el desalojo, pone en evidencia un accionar absolutamente arbitrario por parte de las autoridades.

La omisión del Concejo Deliberante

En medio de la polémica, el Concejo Deliberante de Berisso fue convocado a pronunciarse sobre los hechos. La concejal Mariana Astorga presentó un pedido de informe urgente solicitando una explicación a los funcionarios municipales y policiales involucrados. Sin embargo, a pesar de que el cuerpo legislativo aprobó la solicitud por unanimidad, no hubo respuesta dentro del plazo de 72 horas establecido, lo que ha incrementado la desconfianza entre los vecinos y las fuerzas políticas de oposición. Esta omisión de respuesta ha alimentado las sospechas de que las autoridades locales están cubriendo un hecho de corrupción que beneficiaría a ciertos grupos dentro del mercado inmobiliario.

La denuncia y las investigaciones en curso

El 22 de noviembre de 2024, la fiscal Ana Medina presentó una denuncia formal en la UFI N° 1, ratificando las acusaciones contra los funcionarios municipales y policiales involucrados en los hechos. La denuncia, registrada bajo el número PP N° 06-067961-24/00, está siendo investigada, y las pruebas que se vayan recolectando podrían tener consecuencias políticas y judiciales de gran envergadura. Las implicaciones para la administración de Cagliardi son graves, ya que se le acusa de liderar una red de corrupción que permitiría la apropiación ilegal de terrenos en la ciudad para beneficio de determinados grupos inmobiliarios.

El futuro de Cagliardi en juego

Este escándalo es solo la punta del iceberg de una serie de denuncias que se vienen acumulando contra la gestión del corrupto Fabián Cagliardi. Las acusaciones de corrupción, desfalco y complicidad entre funcionarios municipales y la policía están poniendo en jaque su administración. La creciente indignación de los vecinos y la falta de respuestas claras por parte del oficialismo podrían significar el fin de su carrera política en Berisso, en un contexto en el que la transparencia y la legalidad parecen haber quedado en el olvido.