Escándalos se desatan en el ámbito político y gremial al conocerse las maniobras de algunos funcionarios que, para asegurar su poder y privilegios, no dudaron en establecer alianzas con diversas facciones políticas, incluyendo el oficialismo y sectores del PRO.

Fabiola Mosquera, quien busca perpetuarse en el poder y obtener la banca de Diputada, no tiene reparos en hacer acuerdos con funcionarios del Nuevo PRO. En un intento por fortalecer su posición, la dirigente se mostró públicamente junto al gobernador Axel Kicillof,pero al mismo tiempo, lleva a cabo una estrategia oculta en las paritarias donde pone en juego los derechos de los trabajadores.

Un nombre que resalta en este entramado es el de Juan Pablo Martín Oyarzabal,Secretario Gremial y señalado por muchos como el "títere" de Mosquera. Según denuncias, Oyarzabal estaría operando de manera irregular, persiguiendo a mujeres referentes de la DGCYE,lo que ha generado un clima de hostilidad en el área.

La situación se complica aún más con la figura de Juan Martín Zabaleta, Director Provincial de Infraestructura Escolar y exfuncionario de la gestión de María Eugenia Vidal. Su cercanía con Mosquera y otros actores políticos ha desatado acusaciones de persecución, maltrato y violencia de género en el ámbito laboral.

De hecho, se señalaría a Zabaleta y al director provincial de mantenimiento, Gustavo Cañete, de estar vinculados con uno de los hechos más trágicos de la historia reciente de la educación en la provincia.

Ambos estarían a cargo en la gestión de María Eugenia Vidal, del mantenimiento e infraestructura de la escuela 49 del distrito de Moreno cuando una explosión de gas, el 2 de agosto de 2018, que se llevó la vida de Sandra y Rubén ambos trabajadores de dicho establecimiento educativo. A pesar de su pasado, Cañete sigue ejerciendo funciones dentro del ministerio.

En este contexto, surgen dos preguntas cruciales: ¿Por qué Axel Kicillof, a pesar de las denuncias y acusaciones, mantiene a estos funcionarios en su gestión?

¿Cómo un gremio puede tener tanto poder para dar órdenes y manejar el ministerio educativo más grande de sudamérica a su antojo?

El escándalo sigue tomando fuerza, mientras los trabajadores, los gremios y la sociedad esperan respuestas claras y medidas concretas ante la gravedad de las denuncias.